Se entiende la angustia del presidente Juan Manuel Santos con los efectos devastadores que viene provocando —y seguirá en los próximos meses— el fenómeno de El Niño sobre la generación de energía, la producción agropecuaria, los precios de los alimentos y el propio acceso al agua potable en muchos lugares del país. Lo que suena incongruente es que cada vez que en Colombia enfrentamos una sequía la solución que aparezca sea salir a pedirles a los ciudadanos que ahorren agua y energía.
Y no porque no haya que exigirles a los ciudadanos, a todos, que ahorren agua. Eso hay que hacerlo, esa conciencia se debe cultivar y no solamente en los tiempos límites como el actual. Pero esa no puede ser la medida central. Con tantas épocas secas —o de inundaciones, vale decir— que hemos sufrido y que sabemos que el cambio climático hará más frecuentes e intensas, el país debería tener una política pública clara, seria y sobre todo coherente, que vaya más allá de formular paliativos que puede que solucionen el problema momentáneo pero que, a largo plazo, no son sino pañitos de agua tibia. Porque lo que hemos vivido una y otra vez es la sensatez en el discurso cuando estamos viviendo el problema, y el aplazamiento de esa urgencia cuando llega la normalidad, que cada vez va a ser menos normal.
No se trata de “salir juntos” de esta sequía, como nos dijo el presidente Santos en noviembre pasado. Se trata más bien de prepararse para que cada vez que ocurra algo similar haya menores contratiempos. Se requiere de una política nacional y de compromiso. Por ejemplo: ponerles dientes a los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS). Pasar del diagnóstico a la acción. Que haya una protección real de los ríos, de los páramos, de los bosques. Y hacerlo con recursos, porque sin ellos la protección del medio ambiente es apenas un espejismo.
Es importante que las campañas ciudadanas vayan más allá del ahorro y comprendan, además, el cuidado del medio ambiente. Hay que sancionar no solo a quien derrocha (1’200.000 personas, según el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao). También, poner en cintura a quienes contaminan las cuencas hidrográficas y que las CAR cumplan sus funciones. Porque quien acaba con una fuente de agua es tanto o más responsable que quien derrocha.
Hay que tener presente, por lo demás, que los ciudadanos no son los únicos que malgastan agua, ni los que más impacto generan con un consumo descuidado. El llamado del presidente Santos debe ser, también, para las entidades públicas, las empresas mineras, las empresas agroindustriales, los ganaderos. Como bien se ha expresado en las redes sociales estos días, más que el ahorro del ciudadano convendría el ajuste, y sobre todo el cumplimiento, de restricciones fuertes a la minería que afecta el agua. Loable, en ese sentido, el jalón de orejas del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, al Congreso tras conocerse un video sobre un supuesto derroche de agua en la sede del Legislativo.
Se necesita, igualmente, una mayor coordinación entre las autoridades locales y las nacionales. Y unir esfuerzos. El ministro Henao dijo el pasado 30 de diciembre que “de los 300 municipios que reportaron desabastecimiento con El Niño, ya logramos superar la emergencia en 139 y a la fecha tenemos 111 que siguen en monitoreo por problemas de desabastecimiento parcial. Hemos bajado en un 62% el riesgo a nivel nacional, esto es gracias a las medidas que se han tomado; tenemos inversiones por $824.369 millones, a través de los planes departamentales de agua”. Un esfuerzo valioso pero incompleto si no se acompaña con medidas medioambientales. Y ahí es que el Ministerio de Vivienda y el de Ambiente deben ir de la mano. Y con el de Minas, como ya se dijo.
Hacerles frente a esta y a las sequías por venir en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático es obligación de todos. No sólo durando menos en la ducha, sino asumiendo, como sociedad y como Estado, que la situación va a empeorar si no se hace nada al respecto. Que no haya una sequía de ideas para enfrentar el calentamiento global.
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